En la sesión legislativa estatal de 2024 se han presentado importantes avances y desafíos en la protección de los derechos digitales a nivel estatal. Este panorama se detalla en el informe «State of State Technology Policy 2024» del Centro de Política Tecnológica de NYU, con aportaciones significativas de la Electronic Frontier Foundation (EFF). A través de este análisis, se identifican temas centrales como la privacidad, la seguridad en línea de los niños, la inteligencia artificial, la competencia, el acceso a banda ancha y la reparación de dispositivos.
Un avance considerable en el ámbito de la privacidad ha sido la adopción de leyes más estrictas en Maryland, que prohíben la publicidad dirigida a adolescentes y requieren consentimiento para procesar datos de salud. Este estado se coloca a la vanguardia, superando a otros 19 estados con normativas similares. Se anticipa que en 2025 las leyes se enfoquen en la privacidad de datos genéticos, biométricos, de ubicación y de salud.
La seguridad de los menores en línea es otra preocupación urgente. Estados como California y Nueva York han implementado regulaciones en redes sociales para limitar el acceso a contenido adulto y controlar funciones adictivas. Aunque encuentran resistencia judicial, estas medidas buscan salvaguardar a los jóvenes en un medio digital cada vez más desafiante.
La inteligencia artificial es también un tema prioritario en la agenda legislativa. Colorado ha sido pionero al legislar que los desarrolladores de IA evalúen los riesgos de sus sistemas. Se espera que en 2025 más estados consideren leyes para enfrentar problemas de discriminación algorítmica y manipulación en anuncios políticos generados por IA.
La competencia no se queda atrás, con Nueva York y California trabajando en leyes antimonopolio para limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas, fomentando un mercado más equitativo para los consumidores.
La regulación del acceso a banda ancha y la neutralidad de la red toma mayor relevancia ante la falta de acciones federales. California y Washington han aprobado leyes que prohíben prácticas injustas de los proveedores de Internet, asegurando un acceso más equitativo.
El derecho a reparar ha cobrado impulso, especialmente en California y Minnesota, donde se promueven iniciativas que permiten a los consumidores reparar sus propios dispositivos electrónicos. Esta tendencia podría extenderse en 2025 con más apoyo legislativo.
De cara a la legislatura de 2025, existe una clara expectativa de que los legisladores estatales seguirán desempeñando un papel crucial en la definición de los derechos digitales. Las decisiones actuales serán decisivas para promover leyes que fortalezcan la privacidad, eviten el abuso de poder en las tecnologías y fomenten la innovación y equidad en el acceso tecnológico.
