En un controvertido movimiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deportado a cientos de venezolanos a El Salvador, haciendo uso de la ley de enemigos extranjeros de 1798, normalmente reservada para tiempos de guerra. Las familias de los deportados han expresado su consternación, sosteniendo que sus seres queridos, quienes carecen de antecedentes criminales y no están vinculados a bandas como el Tren de Aragua, han sido injustamente encarcelados en una de las prisiones más peligrosas del mundo. Esta acción ha desencadenado una crisis constitucional, dado que un juez había bloqueado la medida, solo para que los aviones continuaran su trayecto hacia El Salvador. Los abogados defensores de los inmigrantes critican la decisión, argumentando que viola derechos legales fundamentales y planteando que el verdadero objetivo es disuadir solicitudes de asilo en Estados Unidos. Mientras el debate legal sigue su curso, las familias afectadas claman por la justicia y el retorno de los suyos.
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