El Gobierno de Ronald Reagan enfrentó críticas debido a la respuesta poco clara de su secretario de Estado durante el asalto ocurrido el 23 de febrero. La falta de una posición firme y definida por parte de la administración estadounidense generó descontento y cuestionamientos entre la opinión pública, que esperaba una postura más contundente ante la situación. La ambigüedad en las acciones y declaraciones del gobierno norteamericano contrastó con la expectativa de una respuesta sólida en un momento de crisis internacional, amplificando la desaprobación tanto a nivel nacional como global.
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