En Vero Beach, Florida, el ambiente se ha tensado tras una controversial acción por parte de la oficina del fiscal general del estado, que ha iniciado una investigación sobre un evento del Orgullo LGBTQ+ en un local llamado The Kilted Mermaid. Esta decisión ha suscitado alarma entre defensores de derechos civiles, ya que se han solicitado grabaciones de video, listas de asistentes y documentos relacionados con los artistas y el personal del evento. Las autoridades justifican estas medidas en base a la «Ley de Protección de Niños», la cual ha sido previamente bloqueada como inconstitucional por tribunales federales.
El fiscal general James Uthmeier defiende la medida alegando que el estado de Florida no comprometerá la inocencia de los niños por lo que considera «perversiones», aunque no se han presentado acusaciones formales ni especificado qué leyes podrían haberse violado. Este tipo de declaraciones han creado un clima de desconfianza y miedo en la comunidad.
Los organizadores y asistentes ven esta acción como un ataque a la libertad de expresión y una maniobra de intimidación política. Los drag shows, que suelen ser eventos familiares y sin contenido sexual, son ahora objeto de un escrutinio que amenaza su continuidad y disuade la participación.
Tribunales en Estados Unidos han subrayado que exponer la identidad de miembros de organizaciones pacíficas puede paralizar la libre expresión, lo que preocupa a los defensores de derechos civiles. Esta vigilancia podría comprometer no solo la privacidad de los individuos, sino una forma de arte y expresión cultural vital.
La comunidad y los defensores de derechos civiles siguen atentos el desarrollo de esta situación, preocupados por las implicaciones de largo plazo. Asistir a un drag show no debería implicar una renuncia a la privacidad ni permitir una vigilancia excesiva por parte del estado, cuestión que plantea serias interrogantes sobre la protección de los derechos civiles en Florida.
