El «Digital Sovereignty Index» (DSI) revela inigualables desbalances en la adopción de herramientas digitales autoalojadas entre más de 50 países, destacando la importancia de estas para la independencia tecnológica. En un contexto global donde el control de datos es cada vez más crucial, el DSI emerge como una métrica decisiva, empleando datos de servidores detectables para evaluar el uso de software libre y autoalojado por cada 100,000 habitantes.
Europa muestra un liderazgo destacado, pero con marcadas diferencias internas. Finlandia, con una puntuación de 64,5, lidera el índice, seguida por Alemania y Países Bajos. En contraste, España e Italia se sitúan en la parte baja del ranking europeo, reflejando una brecha entre el discurso político y la implementación de soberanía digital.
Este índice, específicamente, mide el empleo de herramientas como Nextcloud, Jitsi y OnlyOffice entre ciudadanos y pequeñas organizaciones, más allá del ámbito gubernamental o corporativo. A pesar de sus avances tecnológicos, países como Suecia y Dinamarca sorprenden con una baja adopción de estas tecnologías. Suiza y Austria, por otro lado, demuestran un mayor compromiso con el autoalojamiento.
Fuera de Europa, el caso de Estados Unidos es significativo. A pesar de su dominio en el sector tecnológico, muestra una limitada adopción de soluciones soberanas. Países como India, México y Nigeria ocupan los últimos lugares del índice, evidenciando una dependencia casi total en infraestructuras externas.
El informe enfatiza la urgencia de una transformación digital en Europa para cerrar el déficit en servicios digitales, estimado en 148,000 millones de euros en 2024 frente a Estados Unidos. Voces como la de Harald Wehnes destacan la necesidad de una «Zeitenwende» digital, mientras que Sebastian Raible aboga por una «soberanía tecnológica abierta».
Finalmente, Frank Karlitschek resalta que la soberanía digital se trata de tener control sobre los servidores donde se almacena la información personal. Según el DSI, millones han optado por esta vía, mientras los gobiernos aún dependen de proveedores estadounidenses. La conclusión es clara: lograr la soberanía digital requiere más que intenciones; demanda infraestructuras reales y una voluntad colectiva para gestionar nuestros propios datos.
