La Fiscalía de Perú ha solicitado al Poder Judicial que prohíba la salida del país por hasta 36 meses a la destituida presidenta Dina Boluarte. Esta medida responde a varias investigaciones abiertas contra ella por presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su mandato tras suceder a Pedro Castillo. Entre las investigaciones, destacan imputaciones por negociación incompatible y supuesto lavado de dinero, relacionadas con el nombramiento de funcionarios y la recolección de fondos para Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Boluarte fue destituida por el Congreso por «incapacidad moral», y José Jerí ha sido nombrado presidente interino.
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