El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el marco tributario en España, con una serie de reformas que impactarán a toda la base de contribuyentes, desde autónomos hasta grandes empresas. Estas modificaciones se centran en modernizar la gestión tributaria y reforzar los controles sobre las transacciones electrónicas, todo en un esfuerzo por optimizar la recaudación y reducir las lagunas fiscales.
Uno de los cambios más significativos radica en la mayor vigilancia sobre los pagos digitales en el ámbito profesional. A partir de 2026, las entidades financieras estarán obligadas a reportar de manera sistemática a la Agencia Tributaria sobre los cobros que empresarios y autónomos realicen a través de plataformas como Bizum. Este enfoque no abarcará los movimientos entre particulares, pero acentúa el control sobre los ingresos ligados a actividades económicas, asegurando que todas las transacciones queden debidamente registradas y fiscalizadas.
Por otro lado, el sistema Verifactu, que inicialmente prometía transformarse en el estándar para la creación de facturas verificables en 2026, verá su implementación aplazada hasta 2027. Pese al retraso, la dirección hacia la digitalización continúa, y el próximo año será crucial para que las empresas comiencen a preparar sus estructuras internas para este cambio. La facturación digital y el control automatizado no solo buscan eficiencia, sino también eliminar las posibilidades de manipulación fraudulenta.
En el ámbito de los incentivos, persisten las deducciones fiscales para quienes opten por medidas de eficiencia energética, como la mejora de viviendas en esta línea y la adquisición de vehículos eléctricos, incluidas las infraestructuras de carga. Estas políticas no solo buscan impacto económico, sino también ambiental, promoviendo una transición hacia un modelo más verde y sostenible.
Otra significante actualización para 2026 es la eliminación de la obligatoriedad de declarar el IRPF para beneficiarios de prestaciones por desempleo, salvo que existan motivos adicionales que lo requieran. Este ajuste pretende simplificar los procesos para aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables.
Finalmente, la Agencia Tributaria intensificará el control mediante declaraciones informativas y ajustará varios modelos vinculados al IVA, subrayando la necesidad de precisión y cumplimiento en las obligaciones formales por parte de los contribuyentes. Este nuevo marco sugiere un año de adaptación digital, mayor cruce de datos y un enfoque renovado en la fiscalización de ciertos sectores. Para enfrentar este escenario, la clave será la preparación proactiva, la revisión detallada de los ingresos y recurrir a asesoramiento profesional cuando sea pertinente. Con estos avances, España se encamina hacia una era tributaria más moderna y controlada.
