El 13 de febrero de 2025 se marcó como un punto de inflexión en el panorama político y judicial de México, según la resolución del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo no solo abordó la competencia entre jueces y magistrados electorales, sino que denunció la erosión gradual del estado de derecho en el país, destacando el desacato selectivo a las resoluciones judiciales y la influencia política en el poder judicial. Esta postura se enmarca en un contexto donde el nuevo régimen, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca subordinar el sistema judicial a sus intereses, eliminando la independencia de esta rama del Estado. Con acciones como la destitución de funcionarios incómodos y el enjuiciamiento de jueces disidentes, el régimen actual refuerza su control, dejando en incertidumbre a quienes no se alineen políticamente, en un entorno donde, según el ministro, las decisiones recientes presagian una etapa incierta para la justicia y la legalidad en el país.
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