En un mundo donde la tecnología tiene un papel cada vez más central, los derechos humanos enfrentan desafíos inéditos. La Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado nota de esta situación y ha decidido abordar de manera proactiva los delitos habilitados por tecnología, en sintonía con su mandato establecido por el Estatuto de Roma de 1989. Este enfoque innovador busca asegurar que las atrocidades, ahora facilitadas por herramientas digitales, no queden impunes.
En marzo de 2025, la Oficina del Fiscal (OTP) presentó un borrador de política que detalla cómo planea investigar estos crímenes. Actualmente, este borrador está disponible para comentarios públicos, y ha recibido el respaldo de expertos en derechos digitales, incluida la Electronic Frontier Foundation (EFF), que enfatiza la necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad, con especial atención al cifrado.
Los llamados «delitos habilitados por tecnología» comprenden violaciones apoyadas por medios digitales, desde malware que ataca infraestructura crítica como hospitales, hasta vigilancia masiva para perseguir a grupos religiosos o étnicos. Estos métodos requieren una interpretación y respuesta legal acorde a los nuevos tiempos, donde la evidencia digital puede ser crucial para demostrar la intención o el contexto de crímenes.
La OTP tiene la intención de utilizar todos los recursos investigativos disponibles, colaborando con autoridades nacionales y, cuando sea posible, obteniendo cooperación de entidades privadas para recolectar pruebas digitales más allá de las fronteras nacionales. Aunque estas medidas podrían ser consideradas intrusivas, es esencial garantizar que respeten los estándares internacionales de derechos humanos, protegiendo así a individuos que no están directamente relacionados con las investigaciones.
La EFF y otros defensores subrayan la importancia de que cualquier persecución de estos delitos no solo sea justa, sino también que respete las libertades que permiten a los defensores de derechos humanos documentar y compartir abusos. En este contexto, la segunda parte del análisis del borrador de la OTP promete un examen detallado de sus fortalezas y ofrecerá sugerencias para mejorar la claridad y efectividad de la política.
El esfuerzo por integrar los derechos humanos en la nueva política tecnológica de la CPI inició un camino hacia la justicia que reconoce la profunda influencia de las herramientas digitales y destaca la necesidad de abordar estos desafíos con una perspectiva ética y de derechos humanos.
