El Consejo de Gobierno de Andalucía ha revisado las medidas adoptadas por el Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género durante 2024. Entre las principales acciones, destaca la revisión del Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género y un estudio-diagnóstico sobre la ciberviolencia, un fenómeno creciente entre los jóvenes.
Durante el pleno del Observatorio, celebrado el 29 de noviembre de 2024, se presentó un informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que muestra el impulso dado al Observatorio desde su creación en 2010. El gobierno ha creado dos grupos de trabajo: uno sobre ciberviolencia y otro para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que ya han producido resultados significativos.
El protocolo, inicialmente aprobado en 2021, ha sido revisado extensamente para ofrecer una atención más integral. Ahora incluye áreas como salud, servicios sociales y educación, además del sector judicial. También se incorporaron más indicadores para mejorar la detección de violencia, y se consideraron hasta diez tipos de discapacidades, integrando trastornos de salud mental y parálisis cerebral.
El estudio sobre ciberviolencia, coordinado por la Universidad de Málaga, ha revelado que esta forma de violencia afecta principalmente a mujeres jóvenes, causando especialmente daño psicológico. Se ha recopilado información de 1.800 jóvenes y de varias entrevistas con profesionales y cuerpos de seguridad.
Por otro lado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha mejorado su atención a las víctimas, aumentando las horas de apoyo psicológico y ampliando el servicio a grupos como reclusas y menores. Se han lanzado seis campañas de sensibilización y se abrirán centros de atención 24 horas en cada provincia.
El Observatorio Andaluz está compuesto por diversas consejerías y organismos, incluyendo instituciones judiciales y colegios profesionales. Sus funciones incluyen la recolección y análisis de información sobre violencia de género, realización de estudios y asesoramiento a la Junta de Andalucía para mejorar políticas preventivas y de atención a las víctimas.
Fuente: Junta de Andalucía.
