El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, enfrentó un revés político significativo al no lograr que la Asamblea aprobara el presupuesto para 2026, debido a la falta de acuerdo en la comisión mixta de diputados y senadores. Ante el inminente incumplimiento de los plazos constitucionales, Lecornu ha activado un plan de contingencia, proponiendo una ley especial para extender el presupuesto de 2025 y garantizar el funcionamiento gubernamental, mientras la deuda pública del país alcanza el 117% del PIB. Esta medida temporal ha sido enviada al Consejo de Estado. Las negociaciones se reanudarán en enero, en un intento por consensuar un presupuesto que permita afrontar el déficit del 5,4% actual, muy por encima del límite del 3% estipulado por Bruselas para 2029. La situación refleja la profunda división en la Asamblea, hecho que llevó a Lecornu a evitar el uso del artículo 49.3, promesa realizada al inicio de su mandato. Con críticas cruzadas entre partidos, la derecha acusa al actual presupuesto de propiciar un mayor endeudamiento, mientras que los socialistas responsabilizan a Los Republicanos de bloquear el progreso. El fracaso recuerda episodios similares en años anteriores, subrayando una crisis sistémica en la política presupuestaria francesa. Un Consejo de Ministros extraordinario está previsto para abordar la ley especial, tentando asegurar cierto grado de estabilidad fiscal.
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