En Colombia, la gestión de recursos públicos bajo la administración de Gustavo Petro ha encendido un nuevo conflicto en el ámbito cultural, afectando a la Fundación Batuta, que desde 1991 ha promovido la educación musical entre niños vulnerables mediante una colaboración público-privada. Batuta enfrenta la posibilidad de desaparecer debido a recortes de fondos del Ministerio de las Culturas, en un contexto donde el gobierno prioriza un programa estatal denominado Artes para la Paz. Este cambio ha generado controversias sobre el papel y las contribuciones del sector privado en la gobernanza de Batuta, cuya financiación mayoritariamente pública ha suscitado críticas sobre su gestión. Exfuncionarios y actuales representantes del gobierno se han enfrentado públicamente, mientras Batuta busca recaudar fondos de manera independiente para subsistir. La situación ha movilizado a la sociedad civil, que organiza eventos de apoyo a la fundación, destacando su impacto positivo en la comunidad a lo largo de más de tres décadas.
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