En un movimiento sin precedentes, el gobierno de India ha lanzado una nueva aplicación estatal de ciberseguridad, Sanchar Saathi, que será obligatoriamente instalada en todos los nuevos teléfonos móviles del país y permanecerá inamovible. La medida, ordenada por el Ministerio de Telecomunicaciones, apunta a combatir el fraude telefónico y el uso indebido de las redes móviles en una nación con más de 1.200 millones de suscriptores. Sin embargo, la imposición ha encendido un debate sobre privacidad y control estatal.
Instrucciones confidenciales, fechadas el 28 de noviembre de 2025, han sido enviadas a gigantes tecnológicos como Apple, Samsung y Xiaomi, otorgándoles un plazo de tres meses para asegurar que el software esté visible durante la configuración inicial del dispositivo. Esto incluye actualizar los dispositivos ya existentes a través de actualizaciones OTA (over the air), una medida que indudablemente cambiará el panorama de la ciberseguridad y la telefonía en el país.
Sanchar Saathi, desarrollada por el Departamento de Telecomunicaciones, es más que una simple aplicación. Actúa como un bastión estatal en la lucha contra el fraude, permitiendo bloquear móviles robados y verificar si un terminal es auténtico. La aplicación también ofrece un módulo para reportar fraudes y spam, buscando cortar de raíz el uso malicioso de redes y el manejo fraudulento de identidades móviles. Gracias a esta plataforma, se han recuperado más de 700.000 móviles y cortado millones de conexiones fraudulentas.
Desde la perspectiva oficial, la necesidad de Sanchar Saathi surge del alarmante incremento de fraudes mediante IMEIs duplicados y la proliferación de líneas telefónicas falsas, fenómenos que ponen en peligro la seguridad y economía de los ciudadanos. Con esta herramienta, las autoridades esperan una vigilancia más eficaz, permitiendo reacciones rápidas frente a estafas masivas.
No obstante, el impacto en la privacidad de los usuarios ha generado inquietud. La aplicación requiere permisos extensivos para acceder a llamadas y mensajes, y su naturaleza gubernamental ha suscitado críticas entre defensores de derechos digitales, quienes comparan el escándalo actual con situaciones pasadas como la app de rastreo pandemial Aarogya Setu, que fue ampliamente cuestionada.
Para los fabricantes de dispositivos, la directiva es un desafío. Apple, conocido por su férrea política de no permitir apps gubernamentales no removibles, podría enfrentarse a complejas negociaciones para cumplir con los requisitos indios. En el ecosistema Android, aunque técnicamente menos problemático, la medida aún representa un reto logístico y de imagen para marcas como Samsung y Xiaomi.
La controversia alrededor de Sanchar Saathi resucita un debate global sobre la validez de políticas gubernamentales que fuerzan la instalación de aplicaciones de seguridad en dispositivos personales. Para muchos, la capacidad de bloquear móviles o verificar líneas es esencial, pero para otros, el costo en privacidad es inaceptable.
A medida que India implementa esta política, cuestiones sobre el manejo de datos y la transparencia se convertirán en factores críticos que determinarán si Sanchar Saathi será visto como un avance en ciberseguridad ciudadana o como un símbolo de vigilancia masiva. El mundo estará observando de cerca cómo esta iniciativa evoluciona y sus implicaciones para uno de los mayores mercados de tecnología móvil.
