El banco vasco ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo y la Comisión Europea las condiciones impuestas por el Gobierno en junio relacionadas con el proceso de fusión. Esta medida responde a la inconformidad con las restricciones que, según la entidad bancaria, podrían afectar sus operaciones y la competitividad en el sector. La disputa se centra en los términos establecidos que buscan regular el impacto económico y la concentración de mercado que resultaría de dicha fusión. Ante esto, el banco busca una revisión que permita operar bajo criterios más favorables en el ámbito europeo.
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