El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido a los líderes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid a establecer un registro de objetores de conciencia para el aborto, conforme a la ley de 2023. Esta medida, aprobada por el Consejo Interterritorial en 2024, es vital para garantizar el acceso al aborto sin obstáculos derivados de la objeción de conciencia. Sánchez advirtió de posibles acciones legales si en tres meses no se implementa el registro, enfatizando el compromiso del Gobierno para asegurar que las mujeres puedan ejercer este derecho en el sistema de salud pública de manera uniforme en todo el país.
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