El informe de recomendaciones emitido el 28 de abril busca proteger jurídicamente tanto a Moncloa como a la Comisión, sin señalar responsables ni causas específicas. Este documento parece centrarse en ofrecer un marco legal de resguardo a las entidades mencionadas, evitando así entrar en detalles sobre posibles culpabilidades o razones detrás del problema aludido. La falta de señalamiento directo apunta a una estrategia de manejo cauteloso, enfocada más en la protección institucional que en el esclarecimiento de los hechos.
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Gobierno y CNMC Unen Fuerzas en Respuesta al Apagón, Comprometiendo la Posición de Red Eléctrica
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