En los últimos años, el fenómeno del «greenwashing» ha evolucionado de un tema meramente reputacional a un ámbito jurídico con implicaciones legales significativas, especialmente en la Unión Europea, donde la directiva (UE) 2024/825 busca proteger a los consumidores frente a prácticas desleales. En España, este fenómeno se ha abordado desde la vía judicial y a través de un nuevo marco normativo, como el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Este texto refleja un acuerdo general sobre la necesidad de enfrentar la proliferación de declaraciones ambientales ambiguas, que confunden al mercado y afectan la competencia. Empresas como Iberdrola apoyan la restricción de declaraciones medioambientales sin respaldo verificable, mientras que sectores industriales destacan la necesidad de proporcionalidad para no afectar a las pymes. En general, la regulación busca corregir las distorsiones de mercado informacionales, estableciendo criterios homogéneos para las afirmaciones ambientales y promoviendo una transición hacia un consumo más sostenible, con un mayor rigor en la comunicación y la verificación de las prácticas ambientales empresariales.
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Greenwashing Bajo la Lupa: Normativas Emergen para Ordenar el Mercado Sostenible
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