La adquisición de bienes de segunda mano, tanto en establecimientos físicos como en comercios online especializados, se ha convertido en una práctica muy común entre los consumidores, motivada por el ahorro económico y la promoción de un consumo sostenible. La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía recuerda que los consumidores tienen derechos amparados por la normativa vigente.
Una de las principales inquietudes de los compradores es la garantía de los productos de segunda mano. La normativa de consumo regula la compraventa entre una empresa y un particular, ofreciendo mayor seguridad que las transacciones entre particulares.
Cuando la venta es realizada por una empresa o un profesional, se puede pactar un periodo de garantía inferior al de tres años estipulado para productos nuevos, pero nunca menor a un año. Si no se establece un plazo específico, se aplicará el plazo general de tres años. En caso de defectos, el comprador puede solicitar la reparación gratuita, que incluye gastos de envío, mano de obra y materiales. Si la reparación no es posible, se puede optar por una rebaja en el precio o la resolución del contrato.
En el comercio electrónico, los consumidores tienen derecho a desistir del contrato sin justificación en un plazo de catorce días naturales desde la recepción del producto. Los establecimientos de segunda mano deben cumplir con requisitos de etiquetado, precio final y proporcionar tique o factura.
Si la compra es entre particulares, no se aplica la normativa de consumo, sino el Código Civil, que establece un periodo de seis meses para reclamar por vicios ocultos. En este caso, se recomienda solicitar información detallada del vendedor y un documento justificativo de la compra, además de estar atentos a posibles señales de desconfianza, como métodos de pago inusuales o descripciones de producto poco fieles.
Fuente: Junta de Andalucía.
