Las autoridades fiscales en España han intensificado su vigilancia sobre los contribuyentes que poseen activos no declarados en el extranjero. Con el respaldo de acuerdos fiscales internacionales más sólidos, la Agencia Tributaria está en posición de acceder a información sobre depósitos de ciudadanos españoles en otros países, haciendo que ocultar dinero fuera de las fronteras nacionales sea un riesgo cada vez mayor. A partir de 2025, esta capacidad de acceso a datos se verá notablemente ampliada, lo que podría tener un impacto significativo en quienes aún no han regularizado su situación fiscal.
La normativa española impone a las personas que tengan más de 50.000 euros en cuentas, depósitos, acciones o fondos en el extranjero, la obligación de declararlos mediante el Modelo 720. Esta declaración informativa debe ser presentada entre los meses de enero y marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. Aunque el Modelo 720 en sí mismo no implica un desembolso adicional en impuestos, los errores o demoras en su presentación pueden acarrear sanciones onerosas.
No es solo una cuestión que afecte a las grandes fortunas o a cuentas ubicadas en paraísos fiscales; cualquier ciudadano con activos en el exterior que superen el umbral fijado está sujeto a esta exigencia. Una vez presentada la declaración inicial, es necesario volver a informar únicamente si el valor de los activos experimenta un incremento superior a 20.000 euros o si se producen cambios significativos en las cuentas previamente declaradas.
Además del Modelo 720, los contribuyentes están obligados a declarar en su impuesto sobre la renta (IRPF) los ingresos derivados de esos activos en el extranjero, tales como intereses y dividendos. Afortunadamente, gracias a los convenios de doble imposición suscritos por España, los ciudadanos pueden evitar el pago de impuestos duplicados por estos ingresos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y condiciones.
Expertos fiscales enfatizan la importancia de ser meticulosos y adherirse estrictamente a los plazos establecidos para el cumplimiento de estas obligaciones fiscales. Recomiendan que, en caso de duda, los contribuyentes consulten con un asesor fiscal para garantizar que todas las responsabilidades tributarias relacionadas con activos en el extranjero sean cumplidas adecuadamente. La atención a estos detalles no solo asegura la tranquilidad frente a Hacienda, sino que también mitiga el riesgo de incurrir en sanciones que podrían haberse evitado con una adecuada planificación y asesoría.
