En el año 2026, España experimentará un cambio significativo en la forma en que la Agencia Tributaria recopila información sobre las transacciones financieras de sus ciudadanos y empresas. Esto es resultado de la implementación del Real Decreto 253/2025 y la Orden HAC/747/2025, que han modificado las declaraciones informativas que los bancos, entidades de pago y emisores de tarjetas deben presentar al Ministerio de Hacienda. El objetivo es obtener un mapa más detallado y frecuente sobre los cobros con tarjeta, Bizum profesional y movimientos bancarios.
En el debate actual, algunas personas ya se refieren a esta nueva etapa como el «Gran Hermano financiero». Para el Ministerio de Hacienda, estas medidas son esenciales en la lucha contra el fraude, mientras que para muchos autónomos y pequeños empresarios, la preocupación es tangible: sienten que Hacienda conocerá su negocio mejor que ellos mismos.
Durante mucho tiempo, los contribuyentes han asociado el control fiscal a ciertos umbrales, como ingresos en efectivo o mediante tarjeta a partir de 3.000 euros. Estos límites seguirán existiendo, pero su importancia se diluye en un contexto donde el seguimiento masivo y automatizado de los datos es la norma. La nueva normativa permite a la Agencia Tributaria recibir un flujo continuo de información sobre lo que facturan los negocios electrónicamente, sin necesidad de esperar a que se superen ciertas cifras para identificar incoherencias.
La renovación de las declaraciones informativas se maneja a través de los modelos 196, 181, 170 y el nuevo 174. El modelo 170, que se centra en los cobros con tarjeta y móvil de empresarios, es el más preocupante para los comercios y autónomos. Mensualmente, las entidades que gestionan estos cobros deberán informar a Hacienda de las cantidades recibidas por cada empresario o profesional. Aunque no es una obligación nueva, sí es un avance en periodicidad y capacidad de control, permitiendo cruzar datos casi en tiempo real con las declaraciones fiscales.
Por otro lado, el modelo 196 recogerá periodicidad sobre cuentas bancarias, ayudando a cruzar ingresos declarados con movimientos reales. El modelo 174, una adición innovadora, recopilará información sobre las tarjetas que registren más de 25.000 euros anuales, facilitando la identificación de patrones de gasto incoherentes.
En este nuevo escenario, los autónomos y pequeños negocios verán un control más estricto sobre la «caja B». Con la llegada del modelo 170, las discrepancias entre lo cobrado electrónicamente y lo declarado en impuestos serán fácilmente detectables. Para quienes ya cumplen sus obligaciones, el cambio será más administrativo que fiscal, requiriendo una gestión eficiente de sus sistemas de facturación y cobro.
Para los consumidores, el uso intensivo de tarjetas será más visible, especialmente aquellas que excedan los 25.000 euros anuales. Aunque no implica una supervisión «ticket a ticket», Hacienda podrá evaluar con mayor precisión la coherencia entre los gastos reportados y las declaraciones de renta.
La discusión sobre la privacidad financiera resurge, con algunos ciudadanos inclinándose hacia el uso de efectivo por sentirse monitorizados. Sin embargo, este método, aunque legal hasta ciertos límites, no exime de obligaciones fiscales.
En definitiva, estos cambios apuntan a la construcción de un tablero amplio de datos que permitirá a la administración anticipar el fraude y actuar de manera más focalizada. Para los contribuyentes cumplidores, la clave estará en evitar errores administrativos, manteniendo sus finanzas ordenadas y automatizando sus procesos de control para evitar descuadres.
A partir de 2026, la vigilancia será más exhaustiva, pero también lo será la necesidad de una gestión fiscal precisa por parte de los contribuyentes, quienes deberán adaptarse a esta nueva realidad de control financiero.
