Desde su lanzamiento en 2016, Bizum se ha convertido en una pieza fundamental del día a día financiero en España. La frase «Hazme un bizum» no solo refleja su popularidad, sino también el impacto en el comportamiento de los consumidores a la hora de realizar pagos electrónicos. Con un ritmo impresionante de 35 operaciones por segundo, Bizum representa actualmente el 95 % de las transferencias inmediatas y el 53 % del total de transferencias en la zona SEPA, un testimonio de su creciente influencia.
Sin embargo, este protagonismo no ha pasado desapercibido para las autoridades fiscales. Hacienda está a punto de implementar un nuevo real decreto que obligará a las entidades bancarias a informar de los ingresos que autónomos y empresarios reciban a través de servicios móviles como Bizum. Según Benjamí Anglès, profesor de Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta de Catalunya, esta normativa eliminará el umbral actual de 3.000 euros anuales que requería a los bancos reportar pagos realizados mediante tarjetas de crédito o débito.
Esta transformación legal aún no afectará a los usuarios particulares que emplean Bizum para transferencias entre familiares y amigos por montos inferiores a 10.000 euros anuales. Sin embargo, la posibilidad de que Hacienda obtenga información sobre las transacciones podría convertir actos considerados privados en datos accesibles para las autoridades fiscales.
La expansión de la supervisión fiscal a las plataformas digitales no es nueva. Medidas similares ya afectan a aplicaciones de compraventa como Vinted y Wallapop, donde se requiere informar sobre los usuarios que superan las 30 operaciones o los 2.000 euros anuales en ventas. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para detectar y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.
Bizum cuenta hoy con más de 28 millones de usuarios y 82.000 comercios adheridos, y solo en 2024 se realizaron cerca de 1.100 millones de operaciones por un valor superior a los 44.000 millones de euros. Este fenómeno de pagos instantáneos ofrece facilidades innegables, pero también plantea desafíos en términos de regulación y transparencia fiscal.
La realidad es que, aunque las obligaciones tributarias no han cambiado para los usuarios, la capacidad de Hacienda para acceder a estas operaciones se verá incrementada. Los bancos y las plataformas de pago digital tendrán la responsabilidad de presentar declaraciones mensuales detalladas sobre los ingresos recibidos, un elemento que facilitará el trabajo de la Agencia Tributaria en la identificación y control de posibles irregularidades fiscales.
Este nuevo marco legal subraya una vez más la importancia de la transparencia y el cumplimiento tributario en una era donde los pagos electrónicos son la norma. Y aunque esta normativa pueda percibirse como una intromisión en la privacidad, es también un recordatorio de la responsabilidad colectiva en la detección y prevención del fraude fiscal. Hacienda, en su compromiso de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, está dando pasos firmes hacia una fiscalización más efectiva, marcando así un avance hacia una mayor equidad financiera.
