La Agencia Tributaria ha identificado posibles irregularidades fiscales en las operaciones de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La investigación se centra en su empresa, Masterman SL, señalada por los inspectores como una sociedad pantalla utilizada para evadir obligaciones fiscales.
La indagación se inició en noviembre de 2022, después de que la Agencia Tributaria observara movimientos sospechosos en el ejercicio fiscal de 2021. Durante este periodo, a pesar de declarar ingresos significativos, Masterman SL solicitó una devolución de impuestos de 2.910,56 euros, lo que levantó sospechas y motivó una revisión más profunda.
González, al responder a las demandas de información de Hacienda, indicó que no podía proporcionar certificados de acuerdos realizados en varios países por razones de confidencialidad, dado que involucraban a figuras gubernamentales y empresariales de alto perfil.
Los documentos presentados por González, como presentaciones de Power Point y capturas de videoconferencias, no satisfacieron a las autoridades fiscales, quienes concluyeron que Masterman SL fue utilizada para ocultar ingresos de su otra firma, Maxwell Cremona, en colaboración con Quirón Prevención. Este esquema pretendía reducir ilícitamente la carga impositiva.
La policía judicial ha iniciado una investigación separada para determinar si las acciones de González constituyen corrupción en los negocios y administración desleal. El juez encargado ha señalado la existencia de conductas «artificiosas» y «defraudatorias» en las operaciones de González, quien incluyó gastos personales como hilo dental y un reloj Rolex como gastos empresariales.
El caso se ha complicado debido a la relación de González con Ayuso, que se dio a conocer en 2021, coincidiendo con un incremento en las actividades de la sociedad pantalla. Esto ha intensificado el escrutinio público y judicial sobre las actividades financieras de González.
Actualmente, se han abierto procedimientos penales por presuntos delitos fiscales y falsedad documental. La investigación sigue en curso, con el objetivo de esclarecer si las acciones de González son un ejemplo de corrupción empresarial, además de sus acusaciones de fraude fiscal y falsificación de documentos.
