En medio de crecientes tensiones políticas y preocupaciones sobre derechos humanos, se ha revelado que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha recibido un significativo incremento presupuestario que está redirigiendo hacia la expansión de sus capacidades tecnológicas de vigilancia. Con un asombroso presupuesto de 28.7 mil millones de dólares para el año 2025, casi tres veces más que en 2024, la financiación de ICE se acerca a las magnitudes de muchas fuerzas armadas globales, ubicándose como la decimocuarta más grande en términos de recursos.
La principal misión de ICE, bajo el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., está supuestamente centrada en la aplicación de leyes de inmigración para garantizar la seguridad nacional. No obstante, las preocupaciones aumentan respecto al alcance de sus operaciones y su repercusión sobre la población, donde no solo los inmigrantes indocumentados sino también ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido objeto de vigilancia masiva, en algunos casos reportando acoso y detenciones injustificadas.
Tradicionalmente, se piensa en agencias como la NSA o el FBI cuando se habla de vigilancia en EE. UU., pero ICE ha edificado una formidable infraestructura de recopilación de datos. Un estudio de Georgetown Law en 2022 destacó que ICE había accedido a datos de licencias de conducir de manera masiva, escaneando fotos de uno de cada tres adultos estadounidenses. Con un monto de inversión en vigilancia que superó los 2.8 mil millones de dólares entre 2008 y 2021, el presupuesto proyectado para 2025 multiplica por diez esa cifra, indicando una intensificación considerable en sus actividades.
Gracias a estos fondos, ICE ha asegurado contratos con múltiples empresas tecnológicas, ampliando su arsenal con dispositivos de espionaje telefónico, reconocimiento facial y lectura automática de matrículas vehiculares. También ha reforzado la vigilancia en redes sociales, estableciendo un sistema que se entromete en diversas plataformas digitales y bases de datos.
Este auge en poder y control por parte de ICE subraya una dicotomía creciente entre las eficiencias de un aparato de vigilancia masivo y los principios democráticos fundamentales. Las tecnologías actuales pueden ser empleadas por futuros líderes que no necesariamente respeten los derechos humanos y los valores democráticos. La ampliación de estos mecanismos de control, acelerada en administraciones pasadas y actual, requiere de una reevaluación urgente sobre su impacto en la privacidad y libertades civiles en Estados Unidos. La vigilancia masiva empoderada por recursos financieros colosales supone un riesgo importante para la confianza pública y la seguridad cívica, desafiando los límites de lo que se considera aceptable en una sociedad democrática.
