El acuerdo alcanzado entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y los Comunes en torno a un nuevo proyecto de ley busca restringir el negocio inmobiliario, impidiendo que la compra y venta de propiedades se conviertan en actividades lucrativas. Esta iniciativa ha suscitado críticas por parte de Foment del Treball, la organización empresarial catalana, que ha calificado la propuesta de «filocomunista», sugiriendo que sus raíces ideológicas son contraproducentes para el libre mercado y el desarrollo económico. La medida se enmarca en un contexto de creciente debate sobre el acceso a la vivienda y la regulación del mercado inmobiliario en la región.
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