A partir del próximo 3 de abril, las comunidades de propietarios en España verán ampliadas sus competencias gracias a una modificación en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que les permitirá regular los alquileres turísticos en sus edificios. Entre las principales medidas, destaca la posibilidad de prohibir esta actividad con una mayoría cualificada de tres quintos de los propietarios. Además, podrán aplicar cuotas especiales o aumentar los gastos comunes hasta en un 20% para aquellas viviendas que se dediquen a este tipo de alquiler.
Los alquileres turísticos han sido identificados como uno de los elementos que contribuyen a la escasez de viviendas de larga duración y al incremento de precios en el mercado de alquiler. Con la implementación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, las comunidades de vecinos dispondrán de mayor control sobre el uso de inmuebles dentro de sus edificios. El Consejo de Colegios de Administradores de Fincas establece que los propietarios interesados en alquilar sus viviendas como pisos turísticos deberán obtener el consentimiento previo de la comunidad.
Esta modificación se fundamenta en dos sentencias anteriores del Tribunal Supremo que confirmaban el derecho de las comunidades a prohibir este tipo de actividad mediante acuerdos en juntas. Para llevar a cabo estas regulaciones, será necesaria una mayoría de tres quintos tanto para permitir o prohibir los alquileres turísticos como para incrementar las cuotas de gastos comunes hasta un 20% para dichas viviendas.
En caso de que algún propietario alquile su vivienda como piso turístico sin la debida autorización, el presidente de la comunidad podrá exigir el cese inmediato de la actividad, ya sea de forma unilateral o a petición de otro propietario. También podrán iniciarse acciones legales contra quienes incumplan las normas establecidas.
Este cambio normativo se enmarca dentro de la política de gestión del mercado de alquiler promovida por el Real Decreto-ley 7/2019, potenciando el control comunitario y limitando el impacto de los pisos turísticos en los entornos residenciales. Con esta normativa, España pretende equilibrar los derechos de los propietarios con el bienestar de las comunidades, otorgándoles mayor autonomía para gestionar el impacto de los alquileres turísticos.
El objetivo es avanzar hacia una gestión sostenible del mercado de alquiler, tratando de resolver las controversias que estos alquileres han generado en los últimos años. A partir del 3 de abril, las comunidades de vecinos dispondrán de herramientas legales más claras para definir su convivencia.
