El año 2025 ha comenzado con noticias económicas de gran calado: el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso paquete de medidas fiscales que espera incrementar la recaudación estatal en 4.500 millones de euros. Este ajuste se perfila como un esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas, pero su impacto se sentirá tanto en los ciudadanos corrientes como en el ámbito empresarial.
Entre las medidas más destacadas se encuentra el aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en productos considerados básicos, que afectará a la cesta de la compra de los consumidores. Este incremento incluye productos esenciales como el aceite de oliva, generando preocupaciones sobre el coste de vida. Además, el impuesto sobre la electricidad ascenderá nuevamente al 21%, una medida que podría influir considerablemente en las facturas domésticas y en el sector industrial. Los productos relacionados con el tabaco y los cigarrillos electrónicos también verán un incremento en su carga fiscal, en línea con las políticas de salud pública.
En el ámbito de las inversiones, las rentas del capital que superen los 300.000 euros estarán sujetas a un nuevo tipo marginal del 30%, frente al 28% anterior, marcando un claro esfuerzo por captar recursos de los segmentos con mayores ingresos.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han recibido una noticia agridulce. Si bien experimentarán una reducción en el Impuesto de Sociedades que les permitirá un ahorro estimado de 700 millones de euros, las grandes corporaciones se enfrentarán a un tipo mínimo global del 15%, una medida que busca nivelar el campo de juego entre empresas de diferentes tamaños.
El sector bancario no será ajeno a la nueva estrategia fiscal. Un nuevo impuesto pretende recaudar unos 1.700 millones de euros anuales, afectando los márgenes de intereses y comisiones. Se aplicará una escala progresiva, en un intento por que las entidades financieras contribuyan más equitativamente al funcionamiento del Estado.
El transporte y el medio ambiente también son protagonistas en esta reforma con un aumento del impuesto a los hidrocarburos y la introducción de una tasa de basuras cuyo objetivo será cubrir el coste del tratamiento de residuos. Estas medidas son tomadas en un contexto de creciente preocupación por las cuestiones medioambientales y el cambio climático.
Frente al nuevo paisaje fiscal, se insta a los ciudadanos a planificar con mesura sus finanzas personales. Estrategias de ahorro, junto con un consumo más eficiente, pueden ser fundamentales para mitigar el impacto de estos cambios. Asimismo, aprovechar las deducciones fiscales disponibles se convierte en una recomendación crucial para adaptarse a las nuevas realidades económicas.
Este compendio de medidas, aunque necesario según el Gobierno para fortalecer la economía del país, plantea interrogantes sobre cómo afectará a la recuperación económica y a la estabilidad financiera de las familias y las empresas en un contexto de recuperación post-pandémica. Con el paso del tiempo, se evaluará si estos ajustes logran el objetivo deseado sin frenar el crecimiento económico tan ansiado.
