Desde el 1 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha implementado un nuevo marco regulador que podría cambiar dramáticamente el panorama de las ofertas de fibra óptica en España. Esta regulación encarece el uso de infraestructuras civiles por parte de operadores alternativos como Digi, MásOrange o Vodafone, lo que podría reflejarse en un aumento de los precios para el consumidor final.
España ha sido líder en Europa en el despliegue de fibra óptica, en parte gracias al modelo MARCo, establecido en 2008. Este marco permitía a los competidores de Telefónica utilizar sus conductos y postes para expandir sus propias redes. Las nuevas tarifas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, suponen un incremento de hasta el 11,6% en los costes que estos operadores deben asumir. A modo de ejemplo, el precio por kilómetro de subconducto ha pasado de 46,50 € a 51,67 €.
A pesar de que la subida es más moderada que el 29% considerado inicialmente, el impacto sobre los operadores que ofrecen servicios a precios ajustados podría ser significativo. Operadoras como Digi, que han destacado por tarifas extremadamente competitivas, podrían verse forzadas a revisar sus precios. Lo mismo podría ocurrir con productos populares como la fibra Fit de Vodafone o la Smart de MásOrange.
La CNMC justifica estos cambios como una actualización necesaria para reflejar el «coste medio eficiente» de mantenimiento de las infraestructuras de Telefónica. Sin embargo, muchos expertos temen que esta medida erosione las ofertas asequibles, reduciendo así la competencia y provocando una subida de precios que afectará directamente al consumidor final.
Este cambio regulatorio representa un desafío para las operadoras que deberán hallar un equilibrio entre sus modelos de negocio y las nuevas condiciones de mercado. Cabe preguntarse si este será el fin de la fibra barata en España, un país que hasta ahora ha sido pionero en ofrecer acceso a internet de alta velocidad a precios asequibles.
