En un alarmante recordatorio del costo humano asociado a la tecnología policial, la utilización de lectores automáticos de matrículas (ALPR) ha suscitado preocupaciones tras varios incidentes de detenciones erróneas. En Aurora, Colorado, un error del sistema en agosto de 2020 puso a Brittney Gilliam y su familia en una situación angustiante, cuando fueron detenidos a punta de pistola por la policía. La confusión se originó al confundir la matrícula de su SUV con la de una motocicleta robada, mostrando una vez más las falencias de estos sistemas automáticos.
Este no es un caso aislado. Denise Green vivió una experiencia similar en San Francisco en 2009, cuando su detención se basó en un malentendido de su matrícula. Ambas víctimas, afroamericanas, resaltan una preocupante tendencia de cómo estas tecnologías pueden perpetuar desigualdades en el sistema judicial.
Un estudio reciente revela que aproximadamente uno de cada diez vehículos puede ser malinterpretado por los ALPR, resultando en un alto número de detenciones incorrectas. En Atherton, California, Jason Burkleo fue detenido en camino al trabajo debido a un error de lectura, y Jaclynn Gonzales experimentó algo similar en Española, Nuevo México. Estos incidentes muestran las preocupantes inexactitudes de los sistemas ALPR y su impacto directo en la vida de personas inocentes.
Además de fallas en la lectura, las bases de datos desactualizadas de los ALPR han provocado arrestos indebidos. Un caso en particular destaca cómo Brian Hofer fue detenido en Contra Costa debido a la falta de actualización de una base de datos, poniendo en duda la fiabilidad de estas herramientas tecnológicas.
La falta de verificación adecuada por parte de las fuerzas del orden, junto con una dependencia excesiva en los ALPR, han dado lugar a errores significativos. Un incidente en Detroit involucró a una mujer arrestada porque su vehículo coincidía con otro asociado a un tiroteo, a pesar de estar a millas de distancia y no coincidir en otras características.
Los abusos no se limitan a errores involuntarios. Hay casos documentados de oficiales usando bases de datos de ALPR para fines personales indebidos, como el acoso, lo que ha incrementado las demandas por arrestos erróneos, obligando a ciudades como Aurora y San Francisco a desembolsar millones en acuerdos.
La creciente controversia en torno al uso de ALPRs ha llevado a comunidades y organizaciones a cuestionar su lugar en el sistema de justicia penal. En lugar de aumentar la seguridad, las detenciones erróneas están sembrando desconfianza y temor en la población. Desde 2012, diversas organizaciones han trabajado para destacar los riesgos de esta tecnología, defendiendo la privacidad y protección de los ciudadanos.
