El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) se encuentra en el ojo del huracán en el ámbito fiscal español, generando un acalorado debate sobre su papel en la redistribución de la riqueza y su impacto en distintos estratos económicos. Aunque este tributo ha sido acusado de ser una carga excesiva, los datos actuales revelan que aproximadamente el 50% de los herederos no se vería afectado incluso sin las bonificaciones actualmente vigentes. Este dato contrasta con la percepción generalizada de que el ISD es una pesada carga para la mayoría de los ciudadanos.
Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las actuales bonificaciones favorecen de manera desproporcionada al 10% de los hogares más adinerados de España. De acuerdo con el análisis de la organización, la mayoría de los herederos quedan exentos del impuesto ya que sus herencias no alcanzan los umbrales mínimos establecidos. Gestha, conocido por su compromiso con la equidad fiscal, aboga por una mayor transparencia y eficacia en el sistema fiscal, subrayando que las actuales reducciones y bonificaciones del ISD, que llegan hasta casi un 100% en diversas comunidades autónomas, no representan un alivio relevante para las familias con patrimonios medios.
La propuesta de una armonización del ISD entre comunidades autónomas surge como una solución potencial para mejorar la justicia tributaria. Tal medida permitiría limitar las bonificaciones actuales y asegurar una carga fiscal más equitativa. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de actualizar el modelo de financiación autonómica, estableciendo una tributación mínima a nivel nacional con el objetivo de evitar la desaparición del impuesto en ciertas regiones y garantizar así un reparto equitativo de recursos, además de fortalecer las finanzas públicas autonómicas.
En el contexto internacional, instituciones como la OCDE y el FMI han defendido consistentemente los impuestos progresivos sobre las herencias como herramientas efectivas para reducir la desigualdad y limitar la concentración de riqueza. Este contexto internacional refuerza la urgencia de una reforma del ISD en España, presentándola como una oportunidad crucial para establecer un sistema fiscal que garantice la redistribución justa de los recursos y que asegure que las grandes herencias contribuyan de manera justa al sostenimiento del sistema tributario.
