Algunos expertos han señalado que ciertas operaciones, dirigidas incluso contra traficantes reconocidos, podrían considerarse «ejecuciones extrajudiciales». Estas acciones han generado preocupación en torno a la legalidad y ética de los métodos utilizados en la lucha contra el crimen, al actuar fuera del marco judicial establecido y comprometer los derechos fundamentales.
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