El gobierno de Canadá se encuentra en un delicado momento legislativo con la posible aprobación del Proyecto de Ley C-2, conocido como Acta de Fronteras Fuertes. Esta legislación ha suscitado serias preocupaciones entre defensores de la privacidad y libertades civiles, ya que permitiría que fuerzas policiales de EE. UU., y potencialmente de otros países, accedan a datos privados de ciudadanos canadienses.
El instrumento legal, diseñado para fortalecer la vigilancia fronteriza, podría comprometer significativamente las protecciones de privacidad que los canadienses han disfrutado durante años. Bajo esta propuesta, se otorgaría a las agencias policiales y al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) la capacidad de acceder a actividades en línea de los ciudadanos con solo una “sospecha razonable”, omitiendo así la necesidad de obtener una orden judicial.
La legislación amenaza con erosionar derechos fundamentales permitiendo rastreos en línea sin supervisión judicial adecuada. Asimismo, obliga a las empresas que manejan información sensible a colaborar bajo presiones legales que las inmunizan al entregar datos, brindándoles apenas cinco días para responder o impugnar una orden de divulgación.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la introducción potencial de “puertas traseras” en sistemas de cifrado. Esta medida forzaría a las empresas a vigilar a sus usuarios, un movimiento que ha sido categóricamente rechazado por especialistas en seguridad y privacidad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Canadá, apoyadas por más de cien expertos legales y académicos, han expresado su enérgica oposición al Proyecto de Ley C-2. Califican la propuesta como un atentado a los derechos humanos y libertades fundamentales, argumentando que estas medidas son desproporcionadas frente a las preocupaciones de seguridad nacional.
De aprobarse, se abriría un camino que permitiría a agencias estadounidenses solicitar datos de empresas canadienses sin conocimiento de los usuarios afectados, acompañados de órdenes de silencio que impedirían la divulgación de tales exigencias. Este esquema plantea el riesgo de que gobiernos autoritarios accedan a información privada de los canadienses, ampliando así el ámbito de vigilancia estatal.
En respuesta, activistas y defensores de las libertades civiles intensifican sus llamados al gobierno para que retire el controvertido proyecto, defendiendo que la protección de la privacidad debe prevalecer sobre medidas de seguridad que emulan la controvertida Ley PATRIOTA de EE. UU. La decisión final plantea un desafío crucial para los valores democráticos que históricamente ha sostenido Canadá.
