El Gobierno español ha revelado una reforma significativa que afectará el marco contable y de auditoría para autónomos societarios, pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes empresas. Este cambio normativo, que se espera entre en vigor en 2025, tiene como objetivo alinear la legislación nacional con la Directiva Delegada (UE) 2023/2775. La directiva europea incrementa en un 25% los umbrales financieros para reflejar el impacto de la inflación en los últimos años.
La reforma implica ajustar los criterios de tamaño empresarial que afectan cómo las empresas deben formular sus cuentas y qué obligaciones formales deben cumplir. Específicamente, se modificará el total del activo, la cifra anual de negocios y el número medio de empleados, manteniéndose constante este último aspecto. Un cambio notable se refiere a los límites para la formulación de cuentas anuales abreviadas, que ahora incluirán a empresas con un activo máximo de 7.500.000 euros, una cifra de negocios por debajo de 15.000.000 euros y una plantilla media de hasta 50 trabajadores.
El Proyecto de Ley también introduce modificaciones en el artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital, elevando los umbrales para la exención de la obligación de auditar las cuentas anuales. Según la nueva normativa, quedarán exentas de auditar aquellas sociedades que cumplan al menos dos de las siguientes condiciones en dos ejercicios consecutivos: un activo inferior a 3.565.000 euros, una cifra de negocios menor a 7.125.000 euros y hasta 50 trabajadores.
Además, el proyecto redefine los criterios para clasificar a las entidades como pequeñas y medianas. Las entidades pequeñas tendrán límites de hasta 7.500.000 euros en activo y 15.000.000 euros en cifra de negocios, con un máximo de 50 empleados. Por su parte, las entidades medianas podrán tener hasta 25.000.000 euros de activo, 50.000.000 euros de cifra de negocios y un máximo de 250 trabajadores.
Estos ajustes buscan aliviar la carga administrativa sobre las empresas que, a consecuencia de la inflación, enfrentaban unas obligaciones formales más complejas. La normativa enfatiza la necesidad de que las empresas y sus asesores revisen cuidadosamente su situación contable y las obligaciones de auditoría con vistas al cierre del ejercicio 2025, asegurándose de cumplir con la nueva ley una vez que entre en vigor.
