En un contexto de preocupación creciente por las prácticas de las agencias de inmigración en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfrentan críticas severas por presuntas acciones descontroladas. Estos organismos han sido señalados especialmente en Minnesota, donde se han documentado episodios de violencia y vulneraciones a los derechos digitales y las libertades civiles.
Una de las prácticas más debatidas es la implementación de tecnología de reconocimiento facial. Recientes informes revelan que agentes de inmigración han sometido a más de 100,000 personas a escaneos faciales bajo sospecha de estar ilegalmente en el país. Esta medida ha suscitado inquietudes sobre su precisión y ética, destacando errores de identificación en al menos un caso documentado.
Organizaciones defensoras de derechos civiles han alzado la voz, demandando la prohibición del uso de reconocimiento facial por agencias gubernamentales, y más aún cuando se trata de entidades que parecen operar sin una supervisión rigurosa, como ICE y CBP. En este sentido, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha mostrado su respaldo al proyecto de ley denominado «ICE Out of Our Faces Act.» Este busca prohibir la adquisición y uso de sistemas de vigilancia biométrica por parte de ICE y CBP.
Impulsado por el senador Ed Markey y otros legisladores, este proyecto de ley también pretende establecer un derecho de acción privada, permitiendo a los individuos emprender acciones legales si sus derechos de privacidad son vulnerados. La EFF ha elogiado a Markey por su liderazgo constante en la lucha contra el uso indebido de tecnologías de vigilancia en el ámbito de la ley.
Desde la presentación de esta propuesta legislativa, han surgido voces en el ámbito político que enfatizan la necesidad de que el gobierno federal reevalúe el uso de tecnologías invasivas, especialmente dentro del contexto migratorio, habida cuenta de la supuesta falta de conformidad de ICE y CBP con el marco legal vigente. Mientras tanto, el debate continúa, reflejando un temor creciente entre la ciudadanía hacia el aumento de la vigilancia y el potencial uso excesivo del poder por parte de las autoridades.
