La número 2 del PSOE y actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se enfrenta a un momento crítico, ya que el cerco judicial en torno a su partido se intensifica con nuevas imputaciones y presiones relacionadas con obras públicas. La investigación liderada por el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha comenzado a desvelar un entramado que podría salpicar la gestión de Montero y su vinculación al caso.
Recientemente, el juez Puente ha imputado a Antonio Fernández Menéndez, un ingeniero granadino, que desempeñó un rol clave en la Delegación del Gobierno andaluz entre 2021 y 2022. Fernández debe declarar junto a otros dos empresarios a principios de julio, por su supuesta implicación en adjudicaciones irregulares que estarían directamente relacionadas con el entorno de Montero durante su mandato como ministra de Hacienda. El auto judicial sugiere que estos individuos podrían haber estado involucrados en la improperia en la adjudicación de obras públicas a cambio de contraprestaciones económicas.
Un proyecto específico que ha llamado la atención es el del Puente del Centenario en Sevilla. El Tribunal Supremo ha solicitado al Ministerio de Transportes ciertos documentos relevantes, incluyendo los del mencionado puente y otros expedientes. Se señala que la obra, cuyo coste inicial era de 71,4 millones de euros y terminó ascendiendo a 102,8 millones, desató una “obsesión” por parte de ciertos actores políticos, incluyendo a Santos Cerdán, un alto cargo del PSOE.
El juez ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) investigar hasta 500 cuentas bancarias vinculadas a Cerdán y otros empresarios relacionados con el caso. Además, se ha autorizado el clonaje de correos electrónicos en Ferraz y el Ministerio de Transportes, ampliando el alcance de la investigación sobre el entorno del PSOE y de Montero.
En un contexto más amplio de corrupción, un informe de la UCO destaca tres conductas indebidas dentro del Ministerio de Transportes, que abarcan desde obras públicas amañadas hasta la venta fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Este “informe Cerdán” menciona la manipulación de licitaciones para beneficiar a ciertas empresas, incluyendo Acciona y OPR, con implicaciones directas en obras distribuidas por varias comunidades autónomas.
La serie de imputaciones y la atención mediática que estas provocan dañan la imagen institucional de Montero, quien representa una figura clave tanto a nivel nacional como autonómico. Desde el Partido Popular de Andalucía se argumenta que estas pruebas son evidencias del presunto entramado corrupto del PSOE, y critican la capacidad de Montero para representar a los andaluces ante la creciente presión judicial.
Mientras tanto, dentro del PSOE se aboga por la necesidad de las actuaciones judiciales, considerándolas aisladas. Montero y su equipo enfatizan la transparencia de su gestión y la disposición a cooperar con la Justicia, en un esfuerzo por restaurar su imagen pública en un escenario político ya enrarecido. Este entramado judicial y sus implicaciones no solo afectan a Montero, sino también al futuro del PSOE y su capacidad para enfrentar las elecciones andaluzas de 2026, en un momento en el que el escrutinio sobre sus acciones es más agudo que nunca.
Fuente: Partido Popular Andalucía
