La crisis de la vivienda en España revela una profunda desigualdad, afectando especialmente a las personas con discapacidad que se ven sistemáticamente excluidas del mercado inmobiliario. La mayoría de las viviendas carecen de accesibilidad, convirtiendo la autonomía en un lujo inalcanzable. Además, la combinación de salarios bajos, empleo precario y gastos adicionales relacionados con la discapacidad empeoran la situación, mientras las políticas de ayuda se basan en criterios económicos que resultan poco realistas. Esta problemática no es un simple error, sino una cuestión política que perpetúa la exclusión estructural en tanto se priorice el lucro sobre el derecho a la vivienda. Ignorar la interacción entre vivienda y discapacidad es relegar a una parte de la ciudadanía a un segundo plano, algo inaceptable en una auténtica democracia.
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