El reciente apagón eléctrico en España no solo dejó a la mayoría del país en la oscuridad el pasado lunes 28 de abril, sino que también expuso un problema subyacente y crítico: la vulnerabilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones frente al robo sistemático de componentes esenciales. Este doble apagón, uno de luz y otro de comunicaciones, dejó a millones sin telefonía móvil ni acceso a datos, afectando servicios básicos, pagos electrónicos y sistemas de emergencia.
El principal obstáculo para el restablecimiento de los servicios no fue solo la interrupción masiva del suministro eléctrico, sino también el creciente saqueo de infraestructuras críticas. En 2024, los robos de cableado de cobre y otros materiales alcanzaron cifras alarmantes, con un incremento del 87 % respecto a 2019. Zonas como Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad de Madrid están entre las más afectadas.
Las principales víctimas de estos robos son los cables de cobre, valiosos en el mercado negro, y las baterías de respaldo, esenciales para mantener operativas las torres durante apagones. El saqueo también incluye equipos electrónicos y paneles solares utilizados por infraestructuras de telecomunicaciones. Operadoras como Movistar, Vodafone y MásOrange han adoptado medidas de emergencia, como enterrar baterías de repuesto cerca de las torres.
El apagón mostró que muchas estaciones base de móviles, equipadas con baterías de autonomía limitada, se saturaron rápidamente por el exceso de llamadas y tráfico de datos. La mayoría de las redes móviles colapsaron hacia las 17:00 horas, mientras otras regiones, como Baleares, se vieron obligadas a activar planes de emergencia.
Las investigaciones apuntan a bandas organizadas, algunas vinculadas a grupos de Europa del Este, responsables de coordinar estos saqueos. La mercancía robada a menudo termina en mercados asiáticos o europeos, donde es reutilizada en proyectos financiados por la Unión Europea.
Actualmente existe un vacío normativo que dificulta enfrentar esta problemática. La falta de un marco jurídico que considere el impacto real de estos atracos ha llevado a las operadoras a reducir sus inversiones en infraestructura de respaldo por temor a pérdidas continuas. Esto debilita aún más la capacidad de respuesta ante emergencias.
El incidente resalta la urgencia de implementar un Plan Nacional de Resiliencia en Infraestructuras Críticas que contemple factores energéticos, tecnológicos y de seguridad. La protección de las redes de comunicación debe ser una prioridad estratégica, similar a la ciberseguridad o defensa energética, frente al auge del crimen organizado y los desafíos geopolíticos actuales en Europa. La coordinación y acción firme son cruciales para mitigar este problema y proteger los servicios esenciales para la sociedad.
