El aumento constante de las agresiones hacia los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) es un problema que no podemos ignorar. Cada día, los y las profesionales del sector se enfrentan a un entorno laboral marcado por el miedo a ser víctimas de amenazas, insultos e incluso agresiones físicas. Es inaceptable que estas situaciones se normalicen, y aún más preocupante es que muchos de ellos acuden a sus puestos de trabajo sintiéndose inseguros, lo que afecta no solo su bienestar personal, sino también la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía.
Las cifras son alarmantes: en 2025, el número de agresiones, tanto físicas como verbales, ha superado los del año anterior por quinta vez consecutiva. Este ascenso, que se ha registrado desde 2020, ocurre pese a las acciones contenidas en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, un protocolo diseñado para enfrentar esta grave problemática. Sin embargo, este plan ha demostrado ser insuficiente. Medidas como la formación en técnicas de desescalada, la designación de «profesionales guía» en caso de agresión, y la realización de simulacros, son esfuerzos loables pero que, hasta ahora, no han podido revertir la tendencia creciente de este tipo de incidentes.
Además, la cobertura de seguridad privada en los centros sanitarios es claramente insuficiente, particularmente en el ámbito rural y en Atención Primaria, donde la protección es casi inexistente. Curiosamente, a pesar de una mayor presencia de seguridad en los hospitales, es en estos entornos donde se registran más agresiones físicas, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficacia de las medidas implementadas hasta la fecha.
Otro aspecto que no podemos obviar es el marcado sesgo de género en estas agresiones. Las mujeres, que representan el 75% de las víctimas, sufren este problema de manera desproporcionada. La falta de medidas específicas para abordar esta realidad es alarmante y requiere una atención urgente por parte de las autoridades competentes.
El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha manifestado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de adoptar medidas más efectivas para frenar esta alarmante situación. Una de las acciones más urgentes sería la implementación de un régimen sancionador para los agresores del personal sanitario, un compromiso que el consejero de Sanidad se ha comprometido a impulsar.
Además, es fundamental la participación activa de los Delegados de Prevención en las reuniones provinciales de coordinación junto a los organismos policiales y los responsables de los centros sanitarios. Sin embargo, a pesar de estos compromisos, las promesas no se han materializado en acciones concretas.
No podemos permanecer impasibles ante la realidad de que cada vez más profesionales de la salud sufren secuelas psicológicas de por vida como resultado de agresiones. Instamos al nuevo consejero de Sanidad a que actúe con la misma determinación que ha demostrado en otros ámbitos y promueva los cambios necesarios para poner fin a esta situación intolerable. La seguridad y el bienestar de los trabajadores del SSPA deberían ser una prioridad, y es momento de que se tomen las decisiones adecuadas para garantizar un entorno laboral seguro y digno para todos.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
