El Parlamento portugués, tras las elecciones de mayo, ha adoptado un conjunto de medidas para endurecer su política migratoria con el apoyo de la coalición de derecha y el partido Chega. Destaca la eliminación de una norma que permitía a los brasileños regularizar su situación tras un año de trabajo, incluso con visa turística. Además, se restringen los visados a inmigrantes altamente calificados y se dificulta el reagrupamiento familiar. Se creará una unidad policial especializada para gestionar la inmigración ilegal. Sin embargo, la propuesta para restringir el acceso a la nacionalidad portuguesa fue pospuesta para más negociaciones. Estas acciones reflejan un giro significativo respecto a las políticas del anterior gobierno socialista en un contexto donde los extranjeros alcanzan el 15% de la población, un aumento notable desde 2017.
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