En el cambiante panorama político de San Francisco, el año 2024 ha sido testigo de una sorprendente reversión en las políticas de supervisión tecnológica que han marcado a la ciudad como pionera en el ámbito de la transparencia gubernamental. Por años, San Francisco ha estado a la vanguardia en la regulación del uso de tecnología por parte de las fuerzas del orden, implementando prohibiciones específicas como el uso del reconocimiento facial y aprobando legislaciones innovadoras como la Ordenanza de Supervisión Comunitaria y Privacidad (CCOPS).
Sin embargo, este año crucial ha visto la aprobación de la Propuesta E, una controvertida medida que ha abierto la puerta a que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) experimente con nuevas tecnologías de vigilancia sin necesidad de las aprobaciones habituales. El referéndum, que obtuvo luz verde en las elecciones del pasado 5 de marzo, ha desmantelado la Ordenanza de Tecnología de Vigilancia de 2019, previamente un bastión de control sobre la adquisición de herramientas de vigilancia por parte de la policía.
La Propuesta E ha planteado serias preocupaciones entre los defensores de la privacidad y la justicia tecnológica. Un ejemplo crucial de estas preocupaciones se evidenció cuando el SFPD, apresurado por potenciar su arsenal tecnológico, adquirió drones incumpliendo la ley estatal AB 481. Esta normativa exige la aprobación del gobierno local antes de que las agencias de seguridad adquieran equipamiento militar, incluidos los drones. La ineficiencia de los mecanismos de ejecución de la AB 481 ha dejado a los ciudadanos de San Francisco luchando por ser escuchados, en un intento por asegurar que las autoridades cumplan con la ley vigente.
Pese a las adversidades, la Electronic Frontier Foundation (EFF), localizada en la misma ciudad, sigue en pie de lucha. La organización continúa promoviendo un entorno donde la tecnología sea un aliado para la seguridad y equidad de la población. En estos tiempos de cambio, su vigilancia y capacidad de denuncia permanecen firmes, garantizando que San Francisco mantenga su estatus como modelo de gobernanza tecnológica responsable en el siglo XXI.
