El reciente lanzamiento de los informes sobre «riesgos sistémicos» asociados a las gigantescas plataformas en línea ha puesto en el centro del debate la efectividad y el alcance de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en Europa. Este marco regulatorio, que obliga a gigantes tecnológicos como Google, Meta, Amazon y TikTok a evaluarse en cuanto a estos riesgos ambiguos, despierta tanto expectativas como preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad.
La DSA impone condiciones más estrictas a aquellas plataformas consideradas «muy grandes», definiendo esta categoría como servicios con una base de usuarios que supera los 45 millones de personas en la Unión Europea. La Comisión Europea ha identificado a más de 20 servicios bajo esta clasificación, quienes ahora tienen la responsabilidad directa de identificar y mitigar una amplia gama de riesgos. Estas categorías incluyen la proliferación de contenido ilegal, la afectación del ejercicio de derechos fundamentales, así como amenazas a la seguridad pública y al discurso cívico. Sin embargo, las directrices proporcionadas son vagas, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones y potenciales prácticas controvertidas.
Este vacío en la normativa se hace evidente en el contexto de una reciente investigación centrada en la participación de TikTok durante las elecciones presidenciales en Rumanía. La inesperada victoria de un candidato ultranacionalista se vincula en parte con la presunta amplificación de contenido a su favor por parte de TikTok, lo que ha impulsado a la Comisión Europea a investigar la gestión de los riesgos sistémicos por la plataforma en cuestión y su alineación con las normativas de la DSA.
El episodio de TikTok subraya las deficiencias de la ley en términos de evaluación y auditoría de riesgos. Aunque se espera que las plataformas presenten informes anuales sobre sus análisis y gestiones de riesgos, la ausencia de estándares claros y metodologías homogéneas dificulta realizar comparaciones efectivas entre las diferentes estrategias empresariales. Aunque representan un paso hacia una mayor responsabilidad y transparencia, estos informes reflejan que muchas de las cuestiones catalogadas como «sistémicas» aún carecen de un análisis profundo y comprensivo.
Resolver estas inquietudes no es tarea sencilla y requiere un compromiso colaborativo que integre a expertos de la sociedad civil, académicos y activistas en el proceso de evaluar y mitigar estos riesgos. Esta colaboración no solo podría clarificar desafíos complejos que actualmente enfrenta la sociedad digital, sino también reforzar los derechos de los usuarios y garantizar una mejor protección de los derechos fundamentales en el ciberespacio.
