El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a generar un descontento significativo entre los andaluces, esta vez en el ámbito del empleo. La reciente distribución de fondos para políticas activas, gestionada por el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz y validada por el Ministerio de Hacienda bajo la titularidad de María Jesús Montero, ha sido considerada como un agravio en toda regla. Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma más maltratada en este reparto, lo que ha suscitado críticas y reacciones negativas.
Según los datos oficiales, en 2025, Andalucía recibirá apenas 675 euros por desempleado para políticas activas de empleo, una cifra que contrasta drásticamente con la de otras regiones, como Cataluña, que recibirá 1.271 euros por demandante. Este trato desigual es particularmente alarmante, dado que Andalucía cuenta con más de 619.000 desempleados registrados, lo que la convierte en la comunidad con el mayor número de parados en España.
A pesar de que el Gobierno central ha anunciado un incremento «récord» en los fondos totales, la distribución per cápita demuestra una grave penalización para Andalucía. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha señalado esta disparidad, enfatizando que otras comunidades autónomas como Baleares o Aragón recibirán cantidades muy superiores por parado.
La ministra Montero, al avalar este reparto que beneficia a regiones con menor nivel de desempleo, ha suscitado la indignación de la Junta de Andalucía. Blanco considera que se trata de un proceso «opaco, arbitrario y políticamente dirigido», que ignora los principios de justicia y proporcionalidad en la distribución de fondos.
Pese a este evidente agravio, el Gobierno andaluz optó por votar a favor de la distribución, no por estar de acuerdo, sino para evitar que los parados andaluces quedaran sin recursos. Esta situación refleja la precariedad en la que se encuentra la comunidad, que ya se ve obligada a implementar planes de empleo con fondos propios, aunque se reconoce que los recursos estatales son fundamentales para abordar las verdaderas necesidades.
Un aspecto preocupante es que el Ministerio de Trabajo no ha ofrecido información clara sobre los criterios utilizados en el reparto. Aunque se argumenta que el 70% de los fondos se asigna según la Ley 3/2023, la Junta mantiene que no se han compartido los indicadores concretos empleados. Esto suscita desconfianza y la sensación de trato desigual.
La controversia se acentuó con unas declaraciones de Yolanda Díaz que fueron interpretadas como un desprecio hacia Andalucía, algo que el presidente Juanma Moreno catalogó de «insulto». La falta de respuesta de Montero ante estas afirmaciones ha alimentado la percepción de una política discriminatoria hacia la comunidad.
Este agravio no es un hecho aislado; Andalucía ha sido penalizada en diversas áreas bajo la administración de Montero, incluyendo fondos europeos y sanidad. Desde el Gobierno de Moreno se exige un cambio en esta tendencia, reclamando un reparto justo y acorde con la realidad de la comunidad, así como el respeto hacia sus ciudadanos.
La situación refleja un patrón preocupante: Andalucía, que aporta más, recibe menos. La comunidad espera que el Gobierno central corrija esta situación y ofrezca a sus ciudadanos el trato que merecen, sin más olvidos ni desaires.
Fuente: Partido Popular Andalucía
