En medio de un intenso debate legislativo sobre las patentes en Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado ha decidido retirar el controvertido Patent Eligibility Restoration Act (PERA) que, según críticos, favorecería a los conocidos «patent trolls». Sin embargo, la batalla está lejos de concluir, ya que el comité avanza con el PREVAIL Act, una legislación que algunos califican como un obstáculo significativo para el sistema de revisión inter partes (IPR), considerado la herramienta más eficaz del país para invalidar patentes problemáticas.
El IPR, establecido por el Congreso en 2011, ofrece una solución más rápida y económica que los tribunales federales para enfrentar patentes defectuosas. Este sistema ha demostrado ser crucial para pequeñas empresas y emprendedores, quienes son generalmente los más afectados por las demandas de «patent trolls»: entidades que no desarrollan productos, sino que buscan obtener ganancias monetarias mediante patentes cuestionables. De hecho, más del 85% de las demandas de patentes en tecnología provienen de estas entidades.
Un caso destacado que ilustra la utilidad del IPR es el enfrentamiento entre Apple y el troll Ameranth. Apple logró invalidar una patente que Ameranth utilizó para demandar a más de 100 restaurantes por el simple uso de dispositivos móviles para pedidos de comida. Episodios como este ponen en relieve la importancia de mantener un sistema accesible para combatir patentes fraudulentes, especialmente para los más vulnerables en el sector empresarial.
Sin embargo, el PREVAIL Act supone restringir las peticiones de IPR solo a quienes hayan sido directamente demandados por los titulares de patentes. Esto dejaría a millones de individuos y pequeñas empresas, que podrían verse indirectamente afectados, sin recursos legales para enfrentar potenciales abusos. También excluiría a organizaciones defensoras del bien público, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), de actuar en causas de interés común.
El temor de que el PREVAIL Act allane el camino para facilitar las acciones de los patent trolls ha desencadenado alarmas entre los defensores de la innovación y el interés público. Estos trolls generalmente dirigen sus demandas hacia usuarios comunes de tecnología corriente, especialmente pequeñas empresas, causando un clima de inseguridad legal y económica.
En respuesta, organizaciones como la EFF han lanzado un llamado a la acción, instando a la ciudadanía a oponerse de manera activa a legislaciones que, según ellas, amenazan con socavar los derechos de los innovadores y favorecer prácticas abusivas en el ámbito de las patentes. La decisión del Congreso al respecto podría dar forma al futuro del sistema de patentes en el país, marcando una etapa crucial para todos los involucrados en el ecosistema de la innovación.
