El inicio de la temporada 2025/2026 de LaLiga ha reavivado la emoción del fútbol, pero también ha generado una intensa polémica en el ámbito digital. En un movimiento que ya no sorprende a nadie, los principales operadores de telecomunicaciones en España —Movistar, Vodafone y Orange— han vuelto a implementar bloqueos masivos de direcciones IP vinculadas a transmisiones ilegales de partidos de fútbol. Sin embargo, esta medida ha tenido un efecto colateral importante, afectando a páginas y servicios legítimos que nada tienen que ver con el fútbol.
Usuarios en toda España empezaron a experimentar problemas de acceso a diversos sitios web y servicios justo minutos antes del inicio del primer partido. En foros especializados, como bandaancha.eu, los clientes compartieron sus frustraciones al encontrar fallas en las conexiones a páginas detrás de Cloudflare, red utilizada por miles de plataformas a nivel global. Las discrepancias fueron evidentes: Movistar presentó errores 451 y bloqueos totales al inicio del partido; Vodafone emitió errores genéricos y posteriormente cerró dominios; y Orange aplicó bloqueos masivos de IPs en su totalidad. Los usuarios observaron un patrón claro: los bloqueos se intensificaron de manera coordinada justo antes del comienzo de los partidos.
La raíz de estos bloqueos se encuentra en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, emitida en 2024, que autoriza a LaLiga a ordenar estos bloqueos para proteger sus derechos de retransmisión. Sin embargo, muchas de las direcciones IP afectadas son compartidas a través de plataformas como Cloudflare, lo cual resulta en la interrupción de servicios no relacionados con la piratería.
La controversia ha escalado rápidamente. A pesar de que LaLiga asegura que sus acciones son legales, expertos y asociaciones de derechos digitales argumentan que estos bloqueos comprometen la neutralidad de la red y el derecho al acceso a la información. Cloudflare ha tomado medidas legales contra LaLiga, describiendo los bloqueos como «desproporcionados e ineficaces» y resaltando el impacto negativo en millones de usuarios y empresas.
En el ámbito político, el asunto ha llegado al Congreso. Varias facciones parlamentarias señalan la necesidad de reevaluar estas medidas para evitar que se penalice a usuarios inocentes. Mientras tanto, la población afectada busca soluciones alternativas. Muchos han intentado cambiar de operador sin éxito, encontrando que todos implementan bloqueos similares. Algunos recurren a VPNs o servicios como Cloudflare Warp, aunque estos tampoco ofrecen garantías definitivas.
El conflicto subyacente entre la protección de derechos de retransmisión y la defensa de la neutralidad de la red refleja un dilema más amplio que no se limita al fútbol. La situación plantea preguntas sobre cómo equilibrar los derechos de propiedad intelectual con los derechos fundamentales y el acceso a servicios esenciales en Internet.
