La tecnología sigue revolucionando nuestras vidas, pero no siempre de la manera esperada. En Canadá, la revelación de documentos oficiales sobre el programa Known Traveller Digital Identity (KTDI) ha generado preocupación respecto al uso de avances tecnológicos que, bajo la promesa de mejorar la eficiencia y seguridad, podrían erosionar la privacidad y las libertades individuales.
Este programa, liderado por Transport Canada en cooperación con el Foro Económico Mundial (WEF), busca establecer la identidad digital biométrica como el nuevo estándar para los viajes internacionales. A través de un sistema que centraliza datos personales altamente sensibles, incluyendo historial académico, situación financiera y estado de vacunación, la iniciativa pretende crear un perfil digital único y verificable.
Aunque la narrativa oficial promueve conceptos como «viajes sin contacto» y una «experiencia fluida para el usuario», los documentos filtrados por Rebel News, obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información, revelan una realidad menos optimista. Incluido en los presupuestos federales de 2021 con más de 105 millones de dólares asignados, el proyecto avanzó sin apenas debate público ni supervisión parlamentaria.
Es inquietante cómo la administración canadiense ha etiquetado como «problemáticas» las preguntas de periodistas sobre el uso de biometría y la participación de entidades privadas. Muchas de las respuestas a estas cuestiones fueron preparadas, pero censuradas en su mayoría, evidenciando la falta de transparencia en el proceso.
Desde un punto de vista tecnológico, KTDI es una sofisticada combinación de sistemas biométricos, blockchain y verificación descentralizada. Sin embargo, no toda innovación tecnológica representa progreso. Sin garantías sólidas de protección de datos y supervisión democrática, estas infraestructuras pueden convertirse en plataformas permanentes de vigilancia.
Expertos en ciberseguridad y derechos digitales han advertido que la identificación digital centralizada podría utilizarse no solo para facilitar servicios, sino también para condicionar derechos, restringir movimientos y ejercer presión social o financiera. El precedente del crédito social en China es un ejemplo claro de cómo sistemas pensados para el «bien común» pueden transformarse en herramientas de control.
La implementación de avances tecnológicos sin una reflexión ética adecuada no es un fenómeno nuevo. El uso de algoritmos de reconocimiento facial, sistemas de puntuación crediticia automatizada o pasaportes sanitarios digitales ya ha suscitado preocupaciones similares. KTDI, sin embargo, avanza más allá al proponer una identidad digital totalizante, promovida desde foros donde el escrutinio ciudadano es mínimo, como el WEF.
La colaboración con entidades privadas y foros internacionales, sin un mandato democrático directo, suscita preguntas legítimas sobre quién controla estos datos, con qué propósitos y bajo qué jurisdicciones se gestionan.
En el ámbito tecnológico, es urgente entablar un debate sobre los límites de la innovación aplicada a la identidad y los derechos individuales. No se trata de frenar el progreso, sino de garantizar que cada avance venga acompañado de mecanismos de transparencia, control público y protección legal robusta.
La identidad digital será un pilar fundamental de las infraestructuras del futuro. Sin embargo, como ilustran los documentos de KTDI, si permitimos que se diseñen desde el secretismo, la eficiencia y el interés corporativo, corremos el riesgo de construir un futuro brillante en lo técnico, pero sombrío en lo social.
