La relación entre propietarios e inquilinos en el mercado del alquiler se tensiona con cada nueva regulación, sobre todo en lo referente a las obras de mejora en inmuebles. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los propietarios pueden realizar reformas para aumentar el valor de su propiedad, como mejoras en eficiencia energética o accesibilidad, siempre que cumplan condiciones estrictas, como la imposibilidad de diferir las obras hasta el final del contrato y el cumplimiento de procedimientos de notificación. Los inquilinos, por su parte, adquieren derechos adicionales, como el de exigir reducción de renta o indemnización por molestias significativas, e incluso desvincularse del contrato si las obras les afectan. Este marco riguroso busca equilibrar los derechos entre ambas partes, pero al mismo tiempo introduce más complejidad y potenciales conflictos para quienes desean alquilar su propiedad.
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