El mercado de alquiler en España experimenta un cambio significativo con la reforma de la Ley de Vivienda, que introduce un derecho de permanencia para inquilinos, protegiéndolos incluso si los propietarios desean rescindir el contrato. A partir de ahora, los contratos de alquiler tendrán una duración mínima de cinco años si el propietario es una persona física, y de siete años si es una persona jurídica, siempre que los inquilinos cumplan con el pago y las condiciones estipuladas. Aunque la medida busca ofrecer estabilidad en un mercado volátil, ha generado opiniones divididas. Los propietarios temen perder control sobre sus inmuebles, lo que podría desincentivar la inversión y reducir la oferta de alquileres. Por otro lado, los inquilinos se benefician de una mayor seguridad y protección frente a incrementos abusivos de precios. El impacto a largo plazo de esta reforma en el equilibrio del mercado aún está por verse, mientras el sector inmobiliario debate sobre sus posibles consecuencias.
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