Corea del Norte ha incrementado el uso de la pena de muerte, incluso por consumir contenidos extranjeros, según un informe del ACNUDH. Desde 2015, al menos seis leyes han ampliado los delitos capitales, y el Grupo 109 realiza inspecciones tecnológicas en hogares. Además, el régimen utiliza trabajos forzosos en proyectos peligrosos, incluso incorporando a niños huérfanos. La población enfrenta una represión política vinculada a un aislamiento económico autoimpuesto, con altos niveles de desnutrición. Aunque las acciones de la ONU se ven obstaculizadas por vetos internacionales, se proponen medidas como el cierre de campos de prisioneros y la abolición de la pena capital.
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