El debate político en España se intensificó tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo, que impuso una pena de inhabilitación de dos años y una multa por la filtración de un correo relacionado con un fraude a Hacienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permaneció en silencio desde la cumbre del G20 en Sudáfrica, donde se espera que se pronuncie oficialmente el domingo. En contraste, figuras como Óscar Puente y Yolanda Díaz han calificado la condena como un ataque contra la justicia y el gobierno progresista, mientras que Carmen Fúnez del PP criticó al Ejecutivo por deslegitimar al poder judicial para proteger a sus miembros. Las opiniones se han polarizado, con socios del gobierno denunciando un sesgo judicial y la oposición acusando a Sánchez de manipulación política.
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