El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, informó en la Comisión parlamentaria sobre los esfuerzos realizados para implementar la reforma impuesta por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta reforma fue aprobada por el Ministerio de Justicia sin consenso con las comunidades autónomas y sin apoyo económico, lo que ha requerido la transformación de juzgados unipersonales en tribunales de instancia colegiados en un solo año. Según Nieto, la tercera y última fase del proceso ha sido la más compleja, pues ha implicado la adaptación de los 12 partidos judiciales más grandes de Andalucía, con casi 5.400 funcionarios. En total, han sido transformados 85 partidos judiciales, con la participación de 9.000 funcionarios, a un costo asumido por la comunidad de 56 millones de euros.
La reforma ha conllevado un cambio en el modelo de trabajo, donde los funcionarios ahora están adscritos a secciones y servicios comunes en lugar de juzgados concretos. Esto ha implicado la negociación de nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo en cada partido judicial. Andalucía ha sido pionera al incrementar las plantillas, añadiendo casi un centenar de nuevas plazas y creando 283 puestos de jefatura para coordinar la nueva estructura de trabajo.
El proceso de adaptación incluyó la implementación de los cambios en los partidos judiciales más pequeños en julio, seguido de otros en octubre, y culminando el 31 de diciembre en las ocho capitales, así como en Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril. En estos 12 partidos judiciales se han creado 12 nuevas plazas y 228 puestos de jefatura, además de la especialización de 24 puestos en Violencia sobre la Mujer.
La inversión para esta tercera fase incluye 1,4 millones de euros únicamente en personal, además de la adaptación de equipos y sistemas informáticos y obras en sedes para adecuar los espacios a la nueva organización. También se han reforzado los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que se han vuelto obligatorios antes de interponer demandas civiles o mercantiles.
Nieto subrayó la falta de diálogo del Ministerio de Justicia con las comunidades autónomas, señalando que no se celebró ninguna Conferencia Sectorial de Justicia durante la implantación hasta el pasado 22 de diciembre. Aunque el Ministerio estimó un ahorro de 63 millones de euros con esta reforma, el coste total para Andalucía asciende a 56 millones.
Finalmente, Nieto destacó que Andalucía ha reducido significativamente las sentencias sin ejecutar y los actos de comunicación pendientes, gracias a una planificación rigurosa y al compromiso de los profesionales de la Justicia. A pesar de las dificultades, Andalucía ha cumplido con los plazos y asegurado la calidad del servicio público de Justicia, garantizando así los derechos de los ciudadanos.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
