El conflicto interno en la asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha escalado con la decisión de la jueza Beatriz Serrano de abrir una investigación por presuntas irregularidades económicas. La denuncia inicial fue presentada por cinco exdirigentes, quienes acusan al actual secretario general, Ernesto Vilariño, de utilizar los fondos de la asociación para gastos personales, incluyendo comidas y alojamientos. Vilariño y su equipo niegan estas acusaciones, alegando que se trata de una venganza de antiguos dirigentes. La jueza ha solicitado a la junta directiva de Jucil entregar documentación en un plazo de un mes antes de decidir si continúa con el caso. Mientras tanto, otras acciones legales cruzadas y controversias en el seno de la organización continúan, con ambos bandos defendiendo sus posiciones en los tribunales.
Leer noticia completa en El Pais.
